Activistas Quieren Ayudar a Los Ángeles a Luchar Contra Demanda sobre Política de Incautación de Automóviles

Una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes y un grupo de residentes quieren ayudar a la ciudad de Los Ángeles a luchar contra una demanda del grupo de vigilancia gubernamental Judicial Watch que desaprueba de los procedimientos menos estrictos de la política del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre la incautación de automóviles de conductores sin licencia. 

La Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles y LA Voice, representados por abogados para la ACLU Foundation del Sur de California, presentaron documentos el miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles pidiéndole al juez que les permita intervenir y ayudar a la ciudad a defender la política de incautación. 

Una audiencia se tiene programada para el 25 de septiembre ante el juez Terry Green. 

La demanda presentada el 16 de mayo por Judicial Watch, grupo con sede en Washington D.C., fue la tercera demanda presentada en tres meses que desaprueba esta política. El demandante Harold Sturgeon de Los Ángeles quiere que un juez determine que la política de incautación del departamento utiliza de manera ilegal el dinero de los contribuyentes con la finalidad específica de “ayudar a inmigrantes ilegales sin licencia”. 

Pero de acuerdo con los documentos judiciales de CHIRLA/LA Voice, el impacto sobre los inmigrantes sería desproporcionado. 

“En las dos últimas décadas, la incautación de vehículos—y en particular las incautaciones obligatorias de 30 días—han tenido un impacto devastador en la clase trabajadora y los inmigrantes residentes que dependen de sus automóviles para llegar a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y llevar a cabo actividades necesarias para las cuales un automóvil, en Los Ángeles, es esencial”, mencionan los documentos judiciales del interviniente propuesto. 

“Peor aún, una incautación en muchos casos termina en un decomiso de facto debido a que los altos costos asociados con la incautación de 30 días comúnmente excede lo que un conductor de bajos ingresos puede pagar, si no es que el valor del vehículo mismo”, de acuerdo con documentos judiciales de CHIRLA/LA Voice. 

Agencias de aplicación de la ley han sido criticadas por utilizar las incautaciones para generar dinero y enfocarse en los latinos al asumir que tienen menos probabilidad de tener licencia, aseguran documentos judiciales de CHIRLA/LA Voice. Incluso algunos miembros de CHIRLA han sido afectados, afirman los documentos judiciales. 

Angélica Salas, Directora Ejecutiva de CHIRLA, declaró bajo juramento que muchos de los miembros sienten que las detenciones, incluso por violaciones menores, pueden terminar en una deportación. 

“Además, muchos de ellos sienten una falta de respeto y vergüenza cuando la policía los detiene y los obliga a llevarse todas sus pertenencias debido a la incautación, especialmente cuando llevan a sus familias con ellos, incluyendo a niños pequeños”, mencionó Salas. “En mi experiencia, la incautación de automóviles son una de las razones principales por las cuales muchos miembros no confían en la policía”. 

Los gastos relacionados a la incautación de 30 días puede llegar a costar hasta $2,000, de acuerdo con documentos judiciales de CHIRLA/LA Voice. 

En febrero, la Comisión Policial, que proporciona supervisión civil del LAPD, aprobó la política de permitir que un conductor sin licencia que sea detenido por una infracción de tránsito, y que tiene una identificación válida, registro de automóvil, comprobante de seguro y un historial de manejo limpio, pueda evitar una incautación de 30 días obligatoria para su vehículo. 

Un conductor que resulta responsable de un accidente en la calle, o que tiene una condena previa por manejar sin licencia, no califica para una incautación corta de un día. 

El Jefe de Policía de la LAPD, que propuso la política con el respaldo de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y el Alcalde Antonio Villaraigosa, dijeron en mayo que la política anterior fue injusta para inmigrantes indocumentados que no pueden obtener licencias para conducir. 

Beck ha dicho que el cambio también fue un esfuerzo por eliminar la confusión de oficiales en servicio sobre las dos leyes discordantes en relación a cuando incautar un vehículo y por cuanto tiempo.

Entre el 22 de abril y el 8 de mayo, cuando la Orden Especial 7 entró en efecto, la incautación obligatoria de 30 días disminuyó en un 45 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2011, de acuerdo con estadísticas que ha circulado el sindicato que representa a los policías de base, que se opone a la política.

El Comandante de la LAPD Andrew Smith dijo que no podía verificarlo, pero que personal de policía estaba realizando un análisis sobre su número de remolques. 

“Esto es otro ejemplo de la utilización ilegal del dinero de los contribuyente por el Departamento de Policía de Los Ángeles para avanzar el estatus de Los Ángeles como Ciudad Santuario”, Tom Fitton, Presidente de Judicial Watch, dijo en una declaración en mayo. 

“(La política) es ilegal y peligrosa. Conductores sin licencia, ya sean inmigrantes ilegales o no, son una amenaza para la seguridad pública. El Departamento de Policía de Los Ángeles antepone una vez más la ideología y la política antes que la seguridad de los ciudadanos, los oficiales de policía y la supremacía de la ley”. 

La demanda de Judicial Watch fue la tercera que se presentó para desafiar la política de incautación menos estricta. 

La Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, que representa a más de 9,900 oficiales, presentaron una demanda similar desafiando la política en abril. 

Una tercera demanda presentada por un grupo de abogados de derechos civiles desafió la política por distintos motivos, al argumentar que es demasiado estricta debido a que impide que los dueños de los vehículos los recuperen antes de los 30 días cuando otro conductor que no es el dueño fue responsable de la infracción e incautación. 

El LAPD incautó cerca de 30,000 vehículos el año pasado. Cerca de 85 por ciento de aquellos fueron por violaciones del código estatal de vehículos que obliga a una incautación de 30 días. 

La ciudad ha presentado una moción separada para desechar la demanda de Sturgeon y una audiencia se tiene programada para el 9 de noviembre. Los abogados para la ciudad dicen que contrario a las afirmaciones de Sturgeon, la política de incautación no viola la Constitución del estado o entra en conflicto con el Código Vehicular del estado. 

Los abogados de la ciudad también mencionan que la política no permite que se entregue el automóvil a un inmigrante indocumentado que no tiene licencia o que es inelegible para obtener una licencia por no proporcionar pruebas de estar en el país de manera legal.

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-Translated from English to Spanish by Francisco Alarcón.